La cultura como derecho, no como ornamento

El reciclaje de iniciativas es una práctica que se vuelve común en las legislaturas entrantes, con el propósito de rescatar aquellas que fortalezcan las leyes existentes pero que, por tiempos o incluso por acuerdos políticos, fueron a dar a la congeladora legislativa. Es parte del procedimiento de entrega y recepción de la legislatura saliente dejar en orden los asuntos enlistados que lograron dictaminarse y aquellos que quedaron pendientes. De estos, se selecciona cuáles pudieran ser útiles y, aun cuando es parte de un proceso, es poco convencional recuperar las iniciativas con los créditos correspondientes.

Desde la perspectiva de los derechos humanos culturales, es importante conocer ese proceso porque el camino para la incorporación del derecho a la cultura en la Constitución local fue largo. Se dio durante dos periodos legislativos, en los cuales se cabildeó lo que en su momento fue la iniciativa de reconocimiento del derecho de acceso a la cultura en el estado de Guerrero, propuesta que surgió desde la sociedad civil y que tocó la puerta del Legislativo para que, por medio de la Comisión de Cultura, fuera posible turnarla a la comisión competente y, posteriormente, al pleno.

Esta propuesta de reforma recayó en la Comisión de Estudios Constitucionales que, para dictaminarla, solicitó anexar a su dictamen una opinión técnica: un amicus curiae, es decir, un informe que presentan personas ajenas a la litis pero con interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión. La comisión le solicitó a la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero su intervención para fundamentar el dictamen. La institución emitió una opinión breve, sin profundizar en la relevancia jurídica del tema en cuestión.

Sin embargo, en las reuniones previas de análisis y discusión a las que fue convocada, fue evidente el desdén al no acudir personalmente las o los titulares de la Secretaría, quienes toman decisiones a través de sus direcciones, atendiendo al organigrama para darle la seriedad concerniente al tema. Si eso sucedió con los trabajos de la reforma constitucional del estado, ¿qué sucederá con los trabajos de la nueva Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero?

La intención de derogar la actual y crear una nueva es loable. Sin embargo, no sabemos si hay convocatoria para la mesa permanente de trabajo que instaló la Comisión de Cultura de la actual legislatura; no sabemos cuál será la metodología a seguir para la elaboración de la nueva ley, tampoco su base de indicadores, si existe un diagnóstico previo, ni en virtud de qué línea de estudio social y jurídica se sustenta. Solo se dio el anuncio en una reunión de comisión, y ya.

Si bien es cierto que la actualización de ese ordenamiento jurídico es necesaria —puesto que su publicación data de noviembre de 2013, es decir, casi 12 años, y nueve años desde la última reforma—, resulta imperante su actualización. Pero, ¿a qué modo, sobre qué fundamento? ¿Acaso se convocará a las y los creadores del estado, al público en general? Dicho sea de paso, ¿van a armonizarla con la reforma a nivel federal en materia de comunidades indígenas y afromexicanas? Porque hay que recordar que Guerrero es un estado pluricultural, en el cual se encuentran cuatro pueblos indígenas y el afromexicano. ¿Se tomarán el tiempo de consultarlos? ¿O esperarán a que se formalice una acción de inconstitucionalidad? ¿Están considerando los alcances jurídicos y sociales que implica crear una ley desde el inicio, o solo es un tema mediático?

El desdén que hay hacia un sector de la comunidad cultural resulta complejo en el diálogo, y en la manera respetuosa en que las preguntas que se emiten desde la comunidad tengan respuestas asertivas por parte de las instituciones. En un estado en el que es necesario resaltar la variedad de propuestas que se realizan en las ocho regiones, pareciera una paradoja el tratamiento que se le da a la comunidad. Sobre todo porque esos recursos son públicos, recaudados con los impuestos de una sociedad a la que deben otorgar el servicio, porque el acceso a la cultura no es limitativo a las y los artistas, sino a la creación de públicos, para incentivar dentro de las personas otras maneras de apreciación y esparcimiento.

Es delicado que se considere desde el aparato institucional como “grupos de élite” a las y los creadores que tuvieron que salir del estado buscando, en su momento, oportunidades de profesionalización y formación artística de calidad. Espacios que en su momento encontraron en otras ciudades, incluso fuera del país, sin dejar de tener los pies y el espíritu en su estado. Así hay exponentes que destacaron en la danza, la música, las artes plásticas, el cine, la arquitectura y la literatura —sobre todo esta última—, en la que, de manera personal, decidimos abandonar la idea errónea de que la poesía se resumía a la declamación, como los grupos locales y seudoasesores hacían creer desde los espacios escolares, limitando a la literatura —y a la poesía en particular— a la idea cerrada de declamar poemas. Afuera había algo más que la idea con la que habían estafado a las personas con la necesidad de una formación artística de calidad. Un sistema que tenía años dominado por lo que los supuestos “cronistas” e “historiadores” dictaban, donde nunca hubo diálogo abierto para pensar en conjunto el historiar de nuestro estado. Porque hay que decirlo: ese sistema no solo fue conservador en su concepción sobre el arte, sino retrógrado, machista y obsoleto, y eso fue lo que rechazamos al buscar oportunidades de formación en otros espacios, pero sin la intención de olvidar la raíz de nuestra identidad sureña. Lo que hoy, de manera despectiva, llaman grupos de “élite” no son más que artistas que decidieron salir y encontrarse con otras formas de habitar el mundo y de acompañar sus procesos creativos. Por eso se emigra: para palpar lo que hay afuera.

El estado en el cual radica la cultura en Guerrero no es limitativo a una administración. Por un lado, están los acérrimos defensores de las instituciones, y por otro, aquellos que insisten en que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando incentivaron la formación artística, fue porque era parte de su trabajo, una obligación legal derivada de las funciones que asumen en el cargo, del cual recibían un salario, también derivado de un presupuesto ciudadano. Se debe dejar de ver el servicio público como un lugar de redentores y de aparador de aplausos, y comenzar a ver el espacio como un servicio directo a la comunidad.

Las y los funcionarios van y llegan en cualquier nivel de gobierno, y en muchos de los casos llegan a aprender (y no es que aprender sea algo negado en cada encomienda). Es notorio en sus discursos, donde insisten en “dignificar el arte”, pero, ¿cuál es ese arte? ¿De qué hablan? ¿O solo se escucha bien repetir el principio fundamental de los derechos humanos culturales —la dignidad humana— para llenar el vacío del poco alcance y tratamiento honroso que se le da al tema?

El trato que se le ha dado al Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Guerrero ha sido penoso. No se le ha concedido una sola reunión para proponer coadyuvar en actividades propias de la difusión y fomento a la lectura. Si este Consejo contara con el apoyo y estuviera activo, es probable que no hubiera ocurrido el episodio tan penoso en el que las redes sociales del gobierno del estado publicaron un mensaje alusivo al Día de la Poesía compartiendo los nombres de poetas que, según el portal, eran guerrerenses, cuando para empezar son escritores de otros géneros y no tienen nada que ver con el estado de Guerrero. Un error quizá de comunicación social que en otros casos pasaría inadvertido por ser error humano —que, al parecer, a todos puede suceder—, pero que en este caso solo delata el desdén que se le tiene a las y los creadores, en donde ni siquiera hay una idea clara de las actividades que realizan a nivel nacional e internacional en todas las artes.

El estado de Guerrero, en los últimos años, ha otorgado la Medalla Juan Ruiz de Alarcón a las Bellas Artes en literatura a poetas. ¿Qué tan difícil resultaba hacer una investigación sobre las y los escritores de Guerrero? ¿Y no dejarle todo a la IA?

Lo que resulta complejo es que emitir una crítica que abone —no a la denostación, sino al trabajo colectivo— suele tomarse como algo personal, y da lugar a alusiones y comentarios que en nada aportan a la intención de construir el diálogo entre ciudadanía e instituciones que tanto pregonan. Ese es el principal problema de la clase política o de quienes trabajan en medios públicos: pensar que los comentarios son para confrontar, en lugar de verse como la manera legítima y universal que tiene la ciudadanía para recalcar la importancia de preservar los principios básicos de la manifestación de las ideas. Si seguimos creyendo que cuestionar el actuar de instituciones y medios es señal de denostar “los avances”, seguimos en la trampa que nos recuerda que se opina solo para los aplausos y no para el diálogo, tan necesario como primer acercamiento a la tan nombrada horizontalidad entre institución y sociedad. ⚅

[Foto: Gonzalo Pérez]